El Tribunal Oral de Mercedes condenó ayer a 7 años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al intendente de Mercedes, Diego Caram. Fue hallado culpable de los delitos de: incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos. agravada en concurso real y sustracción de documentos públicos agravada en concurso real.
El Tribunal estuvo integrado por los doctores Jorge Troncoso, como presidente, Juan Manuel Muschietti y Ramón Ríos, quienes también ordenaron la “suspensión inmediata” en el cargo. Además, Pedro Brun, quien se desempeñaba como Secretario de Hacienda y Finanza de la Municipalidad de Mercedes fue condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos con accesorias legales y pago de costas.
En tanto que Claudio Deimundo quien cumplía funciones como Tesorero Municipal fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos con accesorias legales y pago de costas.
También se decretó la inhibición de bienes de Caram, Brun y Deimundo para garantizar embargo preventivo y solidario de 40 millones de pesos con 50% de interés. En cuanto a Gabriela Gómez, quien ocupaba funciones como encargada de Bienes Patrimoniales, se la condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos con accesorias legales y pago de costas.
Mariangeles Solange García Fariña, quien se desempeñaba como Jefa de Personal del municipio, fue condenada a dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos con accesorias legales y pago de costas.
Y Cecilia Casco, quien se desempeñaba como auxiliar administrativa de la Secretaria Privada de la Municipalidad, fue condenada a dos años de prisión en suspenso con accesorias legales y pago de costas. La sentencia fue justificada al determinar la Justicia que “el ejecutivo municipal era el máximo responsable por haber sido electo por la población, haberla defraudado y por haber usado recursos que estaban destinados a personas vulnerables de la población”.
Se agregó que “al menos 55 personas fueron anotadas sin su conocimiento a planillas y hablamos de personas domiciliadas en parajes de Mercedes y altamente vulnerables”. “No hubo respeto hacia las normas constitucionales tanto de la carta orgánica de la municipalidad como la constitución que rige los rumbos de nuestra provincia”, consideraron los magistrados.
