En un hecho ocurrido entre junio y julio de 2025, la profesora le exigió $100.000 a una alumna para aprobarla sin asistir a clases. Tras recibir un pago inicial de $30.000, la docente la intimó por WhatsApp advirtiéndole que no aprobaría la materia si no saldaba el total de lo acordado.
En un segundo caso se comprobó una transferencia bancaria en abril de 2025, cuando solicitó $150.000 a otra estudiante bajo la misma amenaza de reprobarla, concretándose el pago a través de una transferencia por Mercado Pago.
La investigación recolectó pruebas contundentes. El legajo incluyó audios, capturas de chats, comprobantes de transferencias, testimoniales, informes sociales y las actuaciones administrativas del Ministerio de Educación.
