Sus compañeros que lo encubrieron también fueron condenados.

Ocurrió en el destacamento “Marinero Lorenzo Romero”, cerca de Santo Tomé, Corrientes.
Se descubrió después de que el agente se accidentara sobre la ruta cuando volvía su lugar de trabajo.
Un grupo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) fue condenado por la Justicia Federal de Corrientes a penas de entre dos y tres años de prisión en suspenso. La razón: los hallaron culpables de llevar adelante una maniobra para encubrir a un agente al que habían autorizado a dejar su puesto de guardia para visitar a su novia. El conflicto se desató cuando este tuvo un accidente y no regresó a tiempo. El prefecto que viajó a ver a su pareja también fue condenado.
Según el fallo, cinco fueron los prefectos hallados culpables: Facundo Darío Chamorro, Matías Jesús Longhi, José Francisco Elías Aun, Emmanuel Ricardo Zenczarski y Gustavo Fabián Avellaneda.
Todos admitieron su responsabilidad en el marco de un acuerdo de juicio abreviado celebrado con la Fiscalía.
La investigación tuvo origen en el destacamento “Marinero Lorenzo Romero”, ubicado sobre la costa del río Uruguay, provincia de Corrientes.
Allí, el cabo segundo Chamorro, de 22 años, estaba asignado a esa unidad y solicitó permiso al ayudante principal Avellaneda, encargado del destacamento, para ausentarse y viajar a Santo Tomé, porque quería pasar la noche con su novia, a quien no veía desde hacía tiempo.
La autorización se le concedió pese a tratarse de un día en el que aún no tenía franco. Avellaneda exigió a Chamorro el retorno a primera hora del día siguiente y ordenó al responsable del libro de guardia que no dejara constancia de la salida.
Sin embargo, un imprevisto ocurrido al otro día desencadenó el escándalo.
Ese día, un sargento ayudante de la Gendarmería Nacional, le informó al destacamento sobre un accidente ocurrido en el kilómetro 672 de la Ruta Nacional N°14, en el que resultó involucrado el cabo Chamorro. El agente fue asistido por una ambulancia de la localidad de La Cruz y trasladado al Hospital Universitario San Juan Bautista. Según el parte de Gendarmería, la víctima despistó con su moto y sufrió pérdida de la conciencia.
Al advertir el siniestro y temiendo quedar expuestos por la autorización irregular, Avellaneda y los demás efectivos implicados (el ayudante de tercera Aun, el cabo primero Longhi, y el ayudante de tercera Zenczarski- realizaron una maniobra para simular que Chamorro había salido de franco y tuvo el accidente después de cumplir con su guardia.
La maniobra incluyó modificar el registro del libro de novedades, la elaboración de un acta circunstanciada con horarios y trayectos alterados, y pedidos a los efectivos de Gendarmería para que diesen una versión adulterada de los hechos.
La investigación demostró que, tras el accidente, Avellaneda y los otros funcionarios intentaron encubrir la irregularidad mediante la falsificación de registros y la elaboración de actas con información falsa sobre los horarios y circunstancias de la salida de Chamorro.
El tribunal valoró especialmente la confesión de Avellaneda, quien reconoció ante sus superiores que la versión oficial era falsa y que el armamento reglamentario de Chamorro nunca salió de la sede de la Prefectura.
El tribunal concluyó que los acusados actuaron “de manera dolosa y con libertad de acción”.
En cuanto a la calificación legal, la fiscalía sostuvo y el tribunal aceptó que Avellaneda, Aun, Zenczarski y Longhi son autores penalmente responsables de los delitos de “falsedad ideológica” en concurso real con “violación de los deberes de funcionario público”, previstos y reprimidos por los artículos 293, 248 y 45 del Código Penal.
En el caso de Chamorro, solo se acreditó el delito de “violación de los deberes de funcionario público”. La sentencia impuso a Avellaneda, Aun, Zenczarski y Longhi la pena de tres años de prisión en suspenso, mientras que Chamorro recibió una condena de dos años de prisión en suspenso.