El Gobierno Nacional dejó de cumplir sistemáticamente desde el año pasado la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793), a pesar de haber sido promulgada tras la insistencia del Congreso.
La situación implica demora en los pagos a prestadores, falta de insumos y el cese de tratamientos, poniendo en peligro los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que son justamente quienes más apoyo necesitan.
El atraso en los pagos de los servicios prestados, la falta de entrega de medicaciones indispensables, la falta de soluciones, derivan en el cierre de servicios y en algunos casos de instituciones, como la amenaza que enfrenta por estas horas el cottolengo de Itatí.
Ante la dramática situación se necesita la colaboración urgente y solidaria de quienes puedan aportar al sostenimiento de quienes más lo necesitan.