Según la acusación fiscal, madre e hijo habrían engañado a más de 100 inversores, ofreciendo promesas de altas rentabilidades en supuestas inversiones financieras.
El principal imputado, Cristian Dening, se presentaba ante los damnificados con credenciales falsas, autodenominándose “CEO y fundador”, asesor financiero y trader profesional. Sin embargo, se ha comprobado que Dening no poseía la autorización necesaria de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni contaba con ningún respaldo legal para llevar a cabo dichas operaciones. De hecho, el Banco Central ya lo había catalogado previamente como una “persona de alto riesgo de solvencia”.
Para simular una operatoria legítima, Dening había alquilado oficinas cerca de la costanera de Goya. En este lugar, y también desde su propio domicilio, su madre, Gabriela Wihte, se encargaba de convocar a los potenciales inversores.
La estafa se concretó bajo el clásico esquema piramidal o Ponzi. Los contratos entregados a los aportantes eran pagarés o comprobantes genéricos, sin membrete formal. La confianza inicial se generó mediante el pago de rendimientos a los primeros clientes, un flujo de dinero que sirvió para atraer, a su vez, a nuevos aportantes y expandir la red de engaño hasta que los aportes comenzaron a disminuir y la estructura colapsó.
