La evidencia fue contundente: a las técnicas como los informes socioambientales y uno psicológico con Ledesma, se sumaron quince testigos que coincidieron en las veces que se le reclamó que sacara el perro del barrio porque era muy peligroso.
Durante el ataque a la niña, uno de los vecinos debió matar al animal de un hachazo porque no lograban conseguir que la soltase. Anteriormente hubo tres episodios de ataque, pero los vecinos no lo denunciaron penalmente.
Los padres de la niña, víctimas indirectas que, según dejó asentado la fiscal en su acusación, sufrieron un profundo daño psicológico por el hecho.
El dueño del perro fue trasladado inmediatamente a la unidad penal local, para quedar a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas, medidas de Seguridad y Cautelares.