Autorizó a las escuelas privadas a fijar el valor de sus cuotas mensuales sin ningún límite.
Derogó una norma por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio y en función de un análisis de esta dependencia se permitían los aumentos.
De esta manera, el Gobierno Nacional habilitó a los establecimientos de gestión privada de todos los niveles a fijar el valor de sus aranceles mensuales sin límites.
En consecuencia, los colegios y universidades privadas podrán implementar los ajustes que crean convenientes a sus intereses y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin restricciones. Se estima que los aumentos podrían llegar al 80% en el inicio del ciclo escolar.
El principal problema que se plantea a pocos días del inicio de clases es que los alumnos ya fueron inscriptos el año pasado y ahora los padres y tutores quedarán rehenes del aumento que se disponga sin tener la posibilidad de buscar otro colegio o pasarse a la escuela pública sino pueden pagar el aumento de la cuota.