El Juzgado Federal Nº2 de Corrientes dictó el procesamiento contra el exjuez federal, funcionarios judiciales, abogados y empresarios por generar una organización acusada de maniobras fraudulentas para sustraer vehículos que estaban bajo custodia judicial y luego comercializarlos. El exmagistrado ya había sido condenado en diciembre de 2024 por otra cusa acusado de "cohecho pasivo y prevaricato".

De acuerdo con un fallo de 92 páginas, la investigación demostró que este grupo de personas se encargaba de presentar escritos falsos, simulando pedidos de devolución de vehículos, para lo cual se valían de falsificación de firmas y documentos, incluyendo formularios 08 y testimoniales.
En consecuencia, aseguran que luego manipulaban el proceso judicial con participación directa de sumariantes, secretarios y del propio juez, para facilitar la venta ilegal de los vehículos de alta gama, que debían seguir secuestrados, y gracias a lo cual obtenían altas sumas de dinero de forma fraudulenta.
Según estableció el fallo, los principales imputados fueron el ex juez Carlos Vicente Soto Dávila, por firmar las resoluciones de entrega de vehículos basadas en documentación falsa así como los secretarios Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, quienes se encargaban de la verificación y certificación de la documentación falsa, el sumariante Zacarías Miguel Issolio y varios abogados y empresarios que realizaron diversas maniobras para generar los testimonios, declaraciones y firmas falsificadas.