En una resolución orientada a resguardar la salud de las personas privadas de libertad y la seguridad institucional, la Justicia ordenó la intervención inmediata del Estado ante la grave situación sanitaria en la Unidad Penal N° 1 ubicada en la localidad de San Cayetano.
La medida judicial se fundamenta en el rol del Estado como garante de los derechos humanos y en la necesidad de revertir un escenario marcado por la violencia y el deterioro físico de los alojados.
Como antecedente la magistratura tomó los informes que muestran numerosos traslados al Hospital Escuela vinculados a la ingesta de sustancias prohibidas y hasta la muerte de un interno por esta causa.
También se destaca la vulnerabilidad de los controles de ingreso.
La Justicia remarca que la ejecución de la pena es incompatible con contextos de consumo y circulación de drogas, por lo que se ordenó intensificar los operativos de requisa y vigilancia.