El matrimonio está acusado por la fiscalía de poner “en circulación fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud”.
El fiscal Patricio Sabadini agregó que dichas maniobras se tradujeron “en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos”.
En el centro de la acusación por lavado se encuentra la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, nombrada en honor al padre de Marcela Acuña y dedicada a supuestas tareas sociales.
Según la fiscalía, la entidad facturó exorbitantes cifras al gobierno de Jorge Capitanich, al Ministerio de Infraestructura y al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular.
Durante la investigación se comprobó numerosos viajes internacionales del matrimonio Sena, “lo que resulta indicativo de un despliegue de medios económicos de relevancia que no se condicen con el perfil fiscal y económico de los mismos”.
Además de tener en su haber cinco camionetas Toyota Hilux, un camión y una utilitaria Ford, tres camiones Mercedes Benz, un acoplado, un tractor agrícola y una moto. También 66 hectáreas registradas a nombre de Emerenciano Sena, y cuatro inmuebles.
