La orden de detención fue girada a Jefatura de Policía, a la Dirección de Migraciones, al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Servicio Penitenciario.
De acuerdo con la causa, Ojeda cobró importantes sumas de dinero a numerosas personas por la organización de eventos sociales que nunca concretó, generando perjuicios económicos significativos.
Los afectados aseguran que, tras recibir los adelantos o pagos completos, el organizador desapareció sin cumplir con los servicios acordados, e incluso apagó su teléfono.
Las fuerzas federales y provinciales comenzaron a trabajar para ubicar al sujeto, cuya última ubicación conocida fue en la capital correntina, donde operaba su emprendimiento dedicado a la organización de eventos.