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Las cámaras que representan al transporte de media y larga distancia alegan que, la desregulación que llevó adelante el Gobierno Nacional terminó con el criterio de servicio público que regía previo al decreto y, con esa decisión, desaparece la normativa que los obligaba a otorgar el beneficio.
Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que "la desregulación del transporte automotor no eliminó la gratuidad en los pasajes para personas con certificado de discapacidad, por lo que la obligación de las empresas respecto a ofrecer cupos gratis para transportar a las personas con discapacidad sigue vigente".
Con estas interpretaciones se inicia una disputa legal entre el Gobierno y las empresas.
