En un comunicado dirigido a estudiantes y familias ante la proliferación de mensajes intimidatorios en establecimientos educativos, recordaron que no se trata de “travesuras” y que estas conductas están tipificadas en el Código Penal Argentino y acarrean consecuencias legales.

El organismo advirtió que escribir mensajes en bancos, dejar carteles en baños o publicar amenazas en redes sociales genera un daño real, afecta la salud emocional de la comunidad educativa, moviliza innecesariamente recursos policiales y activa protocolos que deberían estar destinados a emergencias reales.
También se advierte sobre el impacto financiero para el entorno familiar del autor. Además de la responsabilidad penal que pueda caberle al joven, sus padres o tutores podrían enfrentar demandas civiles millonarias.
“No es una broma. Un solo mensaje puede cambiar tu futuro legal y el de tu familia para siempre", concluye el documento oficial con el que se busca frenar la tendencia de amenazas que ha mantenido en alerta a la capital correntina en las últimas semanas.